El pasado jueves 3 de julio se realizó en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el Workshop "Capacidad Jurídica y Protección de Derechos en Salud Mental: Un Diálogo Interdisciplinario", un encuentro convocado por el Programa de Salud Mental de la ESP y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. La expositora principal fue la profesora Idoia Landa Reza, académica de la Universidad del País Vasco y doctora en Derecho Civil, cuyas líneas de investigación abordan el derecho sanitario, el tratamiento de datos personales en salud, y los marcos de protección para personas mayores y personas con discapacidad.
En esta entrevista, Landa detalla la transformación normativa que vivió España en 2021 al dejar atrás el sistema de sustitución por un modelo de apoyos, y comparte recomendaciones para avanzar hacia ese horizonte en Chile.
-¿Qué aspectos de su trayectoria han guiado su interés por la salud mental y el derecho?
Mi formación, ya que soy profesora ayudante doctora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco. Conseguí el título de doctora con la tesis doctoral titulada El tratamiento de los datos personales en el ámbito sanitario, especial referente a las personas mayores con discapacidad. A partir de ahí, mis dos líneas de investigación principales son el derecho digital y el derecho sanitario. Aunque muchas veces dentro del derecho sanitario igual tocan ámbitos de las nuevas tecnologías, siempre me enfoco en sectores poblacionales vulnerables, como los niños y niñas o personas mayores con discapacidad.
-¿Cuáles considera que son los estándares internacionales más avanzados en la protección de la capacidad jurídica de personas con discapacidad psicosocial?
Desde la perspectiva de la normativa española, hay que partir de la Convención de Nueva York del 2006, la cual estaba enfocada en los derechos de las personas con discapacidad y las identificaba como titulares, verdaderos titulares de los derechos.
Un término que se ha utilizado mucho en la doctrina española es la muerte civil. Si tú le quitas a una personalidad su capacidad de obrar, al final sigue viva, pero en el mundo civil ya no puede realizar ningún contrato, no puede realizar un testamento, no puede casarse, no puede hacer mil cosas. A eso se le llamaba muerte civil, que civilmente estabas muerto, por eso te representaban, te sustituían.
España ratificó en el año 2007 la Convención de Nueva York, pero la modificación vino en el año 2021, donde se quitó el antiguo sistema de sustitución y se creó el sistema de apoyos que evidentemente es un paso adelante en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tanto física como mental.
-Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones haría al contexto chileno respecto a la implementación de reformas legales en este ámbito?
En Chile todavía se implementa el sistema de sustitución, por tanto, abogaría por el cambio que se dio en España en el año 2021, para poner el foco en la persona con discapacidad como titular de los derechos. Y fomentar ese apoyo, ese báculo a una persona con discapacidad, porque analizando bien su situación y graduando la necesidad de la persona, puede actuar en este mundo civil y no tiene por qué obligatoriamente darse su muerte civil. En definitiva, abogaría por un cambio, dejando atrás el sistema de sustitución por un sistema de apoyos.
-¿Cómo se articula la protección de datos personales en salud con estos nuevos modelos de autonomía y apoyos?
Esa es una línea que vengo trabajando hace años. Cuando hablamos de datos personales en salud, no se trata solo de protegerlos, sino de asegurar que no se conviertan en barreras para el ejercicio de derechos. Muchas veces el sistema jurídico y el sanitario no conversan entre sí, y eso afecta directamente a las personas con discapacidad. El intercambio de información debe estar guiado por principios de legalidad, consentimiento informado y necesidad.
-En el contexto del workshop realizado en la Universidad de Chile, ¿qué valor le asigna a la participación interdisciplinaria en estos debates?
Es una gran oportunidad, es una actividad que no solamente estuvo enfocada a los juristas, sino que en profesionales de varios ámbitos. Se vio como una visión mucho más amplia del problema.
En mi caso -evidentemente- yo me presento desde esa visión española de ese cambio que se ha dado, pero es sumamente interesante ver otras realidades y ver cómo se podría avanzar en ese cambio. Entonces, me parece que es un win-win, como dicen los ingleses, es beneficioso para ambas partes.
-¿Qué expectativas le deja esta visita a Chile y su paso por la Universidad?
Me ha parecido muy valioso poder compartir lo que hemos aprendido en España, pero sobre todo escuchar otras realidades. El intercambio ha sido muy enriquecedor. Espero que este tipo de actividades se sigan realizando, porque ayudan a construir una visión mucho más completa, más justa y centrada en la persona.