Recientemente, Belém do Pará, una ciudad al norte de Brasil, congregó a diversos gobiernos, empresas, la academia y la sociedad civil en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30). Allí se debatieron los urgentes desafíos que enfrentamos como el aceleramiento de la crisis climática, la transición hacia energías limpias y la protección de ecosistemas críticos como la Amazonía.
Tras dos semanas de conversaciones y negociaciones, emerge una pregunta que puede ser incómoda, pero es ineludible: ¿Estamos respondiendo con la celeridad que exige la magnitud del problema? La evidencia indica que no. Y, lamentablemente, los impactos ambientales avanzan más rápido que nuestra capacidad de responder. La Organización Meteorológica Mundial, confirmó que 2024 fue el año más cálido jamás registrado, superando en 1,55ºC los niveles preindustriales (1850-1900).
En un escenario global en el que los ciclos políticos se suceden, las prioridades fluctúan y los compromisos internacionales pueden verse amenazados por cambios políticos abruptos, la pregunta sobre continuidad, coherencia y estabilidad de las políticas climáticas se vuelve muy importante. ¿Cómo podemos sostener los acuerdos y generar las transformaciones necesarias que requieren décadas, cuando los horizontes políticos se miden en años?
En Chile, al igual que en gran parte de América Latina, las universidades han comenzado a desempeñar un papel decisivo para proyectar el conocimiento acumulado hacia acciones estables que trasciendan los gobiernos. Este rol no es nuevo y ha quedado en evidencia en iniciativas recientes que combinan investigación de frontera con articulación con el Estado y colaboración con el sector productivo. Un ejemplo de esto es el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), la mayor inversión de I+D aplicada del país ejecutada por un amplio consorcio que incluye a numerosas universidades chilenas, centros de investigación y las principales empresas mineras y energéticas.
Profesionales del conocimiento, especialistas e investigadores/as de distintos países han sido claros al manifestar su preocupación ante el escenario de América Latina y el Caribe, ya que pese a que en 2024 el 65% de la electricidad se generó usando fuentes limpias, muchos países siguen dependiendo de la exportación de combustibles fósiles. Argentina es un caso emblemático. Esta paradoja revela una tensión profunda, la de una región que aspira a la modernidad, pero cuya estructura económica permanece anclada en el pasado y que carece de una estrategia de acción común.
Para avanzar en este desafío, al menos de manera macro, durante esta última COP se creó una nueva declaración para la industrialización verde, respaldada únicamente por 35 países, de los cerca de 190 que fueron parte del debate. ¿Ahora, cómo enfrenta Chile este desafío?
Nuestro país convive con impactos que ya no admiten más postergación: megasequía, incendios forestales, tsunamis y pérdida acelerada de glaciares son solo algunos ejemplos de ello. Aunque contamos con instrumentos relevantes como la Ley Marco de Cambio Climático y una matriz eléctrica cada vez más sustentable, la sensación es la de un esfuerzo continuo por vencer un oleaje permanente.
Cada nueva manifestación del clima, similar al oleaje, golpea con mayor fuerza y frecuencia, transformando lo que antes eran fenómenos excepcionales, en un patrón que desborda nuestra capacidad de adaptación.
En este escenario convulsionado, el próximo ciclo político será determinante, pero no por la voluntad de un gobierno específico, sino por su capacidad de construir políticas de Estado que trasciendan las alternancias electorales, que se sostengan en conocimiento riguroso y que dialoguen con los compromisos internacionales que Chile ha contraído. Es indispensable comprender que el desafío climáticos es simultáneamente científico, tecnológico, político, social y cultural.
La oportunidad está a la vista. Chile cuenta con universidades y comunidades científicas capaces de liderar este proceso transformador. Se trata de activar todas las capacidades de nuestra institucionalidad pública para construir un futuro que no depende únicamente de las contingencias políticas, sino de una visión sostenible de desarrollo. ¿Estaremos a tiempo?