Desde el 17 de enero, la Región del Biobío se encuentra bajo alerta roja por la gran cantidad de incendios forestales que azotan a la zona, dejando pueblos como Lirquén gravemente afectados por el paso de las llamas. Según datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), a la fecha los incendios han dejado 21 personas fallecidas, 327 lesionados y más de 21 mil damnificados, además de 2.707 viviendas afectadas.
Ante este escenario y buscando aportar a las problemáticas vigentes que enfrenta el país, integrantes de la comunidad académica de la Universidad de Chile presentaron dos documentos de trabajo que reúnen antecedentes para crear una base conceptual sobre las amenazas naturales asociadas al cambio climático y/o antrópicas, es decir, creadas por la acción humana. De esta forma, canalizan conocimientos sobre las herramientas o estrategias disponibles para la mitigación de estos peligros y así disminuir la vulnerabilidad de las comunidades.
El Dispositivo de Extensión “Base Conceptual y Normativa para la Gestión del Riesgo y la Mitigación de Amenazas en Viviendas y su Entorno” y la “Guía de procedimientos y recomendaciones: ¿Qué hacer frente a amenazas naturales y antrópicas?” son los nombres de los libros electrónicos, que buscan responder a la duda sobre cómo disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de las viviendas expuestas a amenazas crecientes y diversas.
Para esto, los documentos orientan a las familias en la identificación de riesgos, la evaluación de vulnerabilidades y la adopción de medidas de distinto nivel de complejidad, desde acciones de fácil hasta otras de compleja implementación, que permitan mejorar la resistencia de las viviendas y del entorno cercano. Así, aportan recomendaciones concretas, procedimientos y criterios básicos para enfrentar amenazas, así como mejoras a los instrumentos que actualmente regulan la actividad edificatoria en el país, lo que implica una mayor participación de organismos del Estado.
Los estudios fueron creados por un equipo interdisciplinario liderado por la académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Rose Marie Garay, en conjunto al académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ricardo Herrera, y al arquitecto ya acogido a retiro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Francis Pfenniger.
La académica Rose Marie Garay destacó la importancia de desarrollar las capacidades de anticipación a las que apuntan aportar los documentos. “La mayor debilidad es la prevención, ahí es donde la población no está adquiriendo capacidades y no está comprendiendo el riesgo. Frente a la orden de evacuación, todavía hay quienes permanecen en sus casas para protegerlas. Eso demuestra que no se ha logrado transmitir el mensaje adecuadamente, pues los medios se encargan de transmitir en vivo el desastre, enviando un mensaje equivocado al mostrar a las personas afectadas como resilientes cuando son capaces de sobreponerse al desastre, cuando en la realidad ser resiliente es poseer capacidades para evitar que llegue a ser un desastre”.
Por su parte, el académico Ricardo Herrera mencionó que “el primer documento entrega un contexto general sobre amenazas, riesgos, normativa existente y otros temas relacionados. El segundo aborda el reforzamiento de las viviendas e infraestructuras críticas, aportando a modificar prácticas presentes en la autoconstrucción y en la oferta prefabricada. Ambos documentos fueron escritos en un lenguaje que pueda ser entendido por las personas, independientemente de su preparación técnica”.
Orientaciones para las comunidades
El dispositivo de extensión propone acciones que encaucen la construcción de viviendas, respetando la normativa y reglamentación atingente en materia de seguridad, durabilidad y condiciones de confort, aportando a modificar prácticas presentes en la autoconstrucción y en las ofertas prefabricadas, las cuales frecuentemente son ejecutadas sin las adecuadas medidas de seguridad. Además, propone cambios adaptativos acordes a los desafíos del cambio climático, los cuales han aumentado la frecuencia e intensidad de amenazas.
A su vez, entrega información sobre la reglamentación nacional en el área, resaltando los diversos instrumentos con los que cuenta la población para prevenir riesgos de habitabilidad en asentamientos humanos. Entre estos, se pueden revisar en más profundidad la Política Nacional Urbana, la Evaluación Ambiental Estratégica y la aún pendiente Ley de Incendios Forestales. Además, se puede seguir formando capacidades al revisar detalles en las diversas plataformas disponibles, como el Visor Chile Preparado (SENAPRED), Peligros volcánicos (SERNAGEOMIN) y el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
La profesora Garay señaló que “la idea es identificar las amenazas en el entorno que se habita y, aunque aún la disponibilidad de mapas de riesgo en los planes reguladores comunales es incipiente, es posible actuar de manera preventiva y organizada formando un tejido social resiliente y coordinado con los organismos del Estado, municipios y otras organizaciones de ayuda humanitaria. La idea es desarrollar capacidades como actores de una comunidad más preparada que busca la mitigación de manera preventiva”.
Por otro lado, aportando recomendaciones concretas, procedimientos y criterios básicos para enfrentar amenazas naturales y antrópicas, tales como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones e incendios forestales, entre otros, la “Guía de procedimientos y recomendaciones” nace como una herramienta práctica destinada a apoyar a las personas en la preparación frente a diversas amenazas que pueden afectar su entorno habitacional.
Su enfoque reconoce que la seguridad habitacional no depende solo de la calidad de la vivienda, sino también de la capacidad de organización, anticipación y acción colectiva de la comunidad. Al respecto, el profesor Herrera sostuvo que “se puede tener la mejor regulación en materia de los diversos riesgos, pero si esa regulación y todo el conocimiento que le dio origen no son comunicados eficazmente a las personas, no van a tener un efecto significativo en generar una cultura de gestión del riesgo, reducir la vulnerabilidad y disminuir la posibilidad de ocurrencia de desastres”.
Sobre los incendios forestales, el documento plantea criterios como, por ejemplo, la necesaria franja libre de 50 o más metros que debe existir entre vegetación y edificaciones dependiendo de las pendientes y condiciones topográficas, la necesidad de implementar planes de limpieza vecinal y la instauración de procedimientos de evacuación en caso de emergencia.
En cuanto a vivienda, la guía propone la revisión constante de elementos que disminuyan la exposición al fuego, como el cambio de revestimientos, techos y exteriores por materiales incombustibles; alejar la acumulación de biomasa, como leña, del entorno; y no almacenar materiales inflamables en el hogar, medidas a implementar por la comunidad, pero que se deben integrar a políticas públicas provenientes desde el Estado.